Medio centenar de sancosmeños, más cerca de alcanzar la titularización de sus tierras

El Ministerio de Producción avanzó con otro gran paso hacia la regularización dominial en el barrio Matadero de San Cosme, oportunidad en la que unos 48 futuros propietarios fueron beneficiados con la entrega de subsidios para financiar las mensuras. Estos beneficiados son parte de un total de 150 que fueron censados oportunamente por el Área de Regularización Dominial, trabajo que será completado en febrero del año que viene.

 

La entrega de esta primera etapa de subsidios se concretó entre el martes (19/12) y el jueves (21/12) en el Complejo Municipal Totora en la localidad sancosmeña, y estuvo a cargo de la responsable del Área de Regularización Dominial del Ministerio de Producción, Dra. Marisa González. De la ceremonia también participaron los agrimensores Julio Zalazar y Luis Horacio Arriola Iglesia, quienes tendrán a su cargo todo el trabajo de ordenamiento territorial. Para los que no pudieron asistir por diferentes motivos –ya sea por inconvenientes de salud o traslado-, el equipo de trabajo del área se dirigió a los domicilios respectivos para completar el trámite.

Esta entrega de subsidios corresponde al 50 % del costo total de las primeras 48 mensuras, mientras que la mitad restante será saldada una vez que los agrimensores concluyan con el trabajo, costo que en su totalidad es afrontado por el Gobierno Provincial. Con la entrega consumada, los agrimensores comenzarán con los trabajos primarios para luego abrir paso a las mediciones a desarrollarse con GPS y tecnología de última generación. Previo a este proceso de ordenamiento urbano, los profesionales ya habían participado del relevamiento de la zona acompañados del equipo de Regularización Dominial a cargo del correspondiente censo verificatorio.

 

Es de consignar que este trabajo se enmarca en los alcances de la Ley Nº 6.211 de Regularización Dominial, pero que en este caso en particular del barrio Matadero, se precisará el acompañamiento de otra normativa en virtud de que se trata de tierras fiscales. Por ello, se prevé la intervención del ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente) que tiene jurisdicción en ese ámbito, precisándose además la aprobación por parte de la Legislatura provincial.